A punto de afrontar el cuarto trimestre del año, en un ejercicio realmente
difícil, las pymes españolas emiten señales cada vez más intensas de fatiga. Los
efectos de esta nueva recesión, la segunda en menos de tres años, ya no sólo
generan más incertidumbre, sino cansancio. Agotamiento. Es verdad que el
Gobierno, en estos primeros nueve meses de 2012, ha realizado un buen número de
reformas. Y en general, en mi opinión, se han orientado en una buena dirección.
No son las que reclamábamos las organizaciones empresariales, aunque sí hay
coincidencias en las grandes líneas.
De todas ellas, ha habido dos de especial trascendencia para las empresas. La
reforma del mercado laboral, que ha mejorado la flexibilidad interna de la
empresa, en beneficio del empleo -aunque la percepción de sus bondades tarda en
llegar, pero llegará, a pesar de la desmesurada campaña en contra capitaneada
por los sindicatos y algunos partidos políticos-. Y, en segundo lugar, la
actualización de los pagos a proveedores por parte de las Administraciones
autonómicas y locales, que ha permitido reducir sensiblemente la morosidad
pública y ha compensado el déficit de liquidez que arrastraba el tejido
pyme.
Pero el pequeño y mediado empresario -como el autónomo- sigue inmerso en la
misma carrera de obstáculos de hace un año. Probablemente, cabe pensar, los
grandes y urgentes retos macroeconómicos han exigido toda la atención y todo el
esfuerzo de las instituciones públicas. Es probable. En todo caso, echamos en
falta que el Gobierno se ocupe algo más, también, de la economía real, que es la
que vivimos día a día los pequeños y medianos empresarios de España.
El impacto de la crisis mantiene todo su rigor en el tejido pyme. Si hasta
2009 las pequeñas y medianas empresas pudieron mantener los márgenes de
beneficio y el empleo, desde ese año hasta ahora el deterioro ha sido
espectacular. El resultado de las pymes se redujo en 2009 en un 65%; en 2010, un
24% más; y en 2011, un 7% más. Y la tendencia de 2012 no es mejor, sino todo lo
contrario, porque el beneficio neto ordinario registrado en el primer trimestre
ha supuesto una reducción de casi el 41% con respecto al mismo periodo de
2011.
Éste es uno de los indicadores más significativos del particular calvario de
las pymes, cuyos datos ofrece trimestralmente el Banco de España (Central de
Balances). Y éstos reflejan claramente la especial dificultad de la pyme
(prácticamente el 99% de las empresas que operan en España), en comparación con
las grandes compañías. En las primeras, por ejemplo, sólo durante los tres
primeros años de la crisis (2007-2009), la rentabilidad ordinaria de los
recursos propios se contrajo del 9 al 0,5%; mientras que la reducción registrada
en las grandes empresas fue del 13 al 9%.
Este diferencial responde, sobre todo, a la mayor dependencia de la pyme
respecto de la evolución de la demanda interna, que sigue en términos negativos.
Consecuencia de ello es que, en 2011, el VAB de dos sectores de actividad tan
importantes del tejido pyme, como el comercio y la hostelería, haya registrado
un descenso del 2,2%.
El reto de financiarse
Pero, además, las pymes siguen sin financiación. El crédito de la banca sólo
fluye -con dificultad- en los casos de renovación de antiguas operaciones
jibarizadas y con un mayor coste para la empresa, que en 2011 supuso un
incremento de los gastos financieros del 9,6%. Y las vías ajenas o paralelas al
sector financiero tradicional (ICO, SGR, el mercado bursátil alternativo,
etcétera) o son muy insuficientes o también excesivamente gravosas.
De hecho, según el estudio de Sage sobre el sector en 2011, el primer freno
para el emprendedor actualmente es la falta de financiación (42%); y, en segundo
lugar, la incertidumbre del mercado (22%). A todo ello se une un dato más, que
explica en gran medida también la desesperación del pequeño y mediano
empresario: el aumento de los impuestos.
Los empresarios podemos llegar a entender, no a compartir, que en esta gran
ofensiva contra el déficit público, cuyo control es básico para el crecimiento,
el Gobierno se haya visto obligado a aumentar los ingresos por la vía
impositiva; y confiamos en que esta subida tan importante de los impuestos
-estatales, autonómicos y locales- pueda corregirse a corto plazo. Pero no
comprendemos que el ajuste del gasto público no haya afrontado ya una reducción
estructural, de manera que el tamaño del sector público se adapte al nuevo
estado de los ingresos.
Las Administraciones han tratado de controlar el déficit cíclico, pero no han
dado pasos suficientes para afrontar ese necesario ajuste estructural. Y así,
mediante algunos recortes y la práctica supresión de las principales partidas
destinadas a la inversión, el sector público trata de cumplir unos objetivos de
déficit sin alcanzar el tamaño adecuado y sin definir la cartera de servicios
básicos que realmente puede ofrecer al ciudadano.
En una España en prolongada recesión, con una demanda a la baja desde hace
cinco años, con un mercado seccionado por las normativas autonómicas, imbuidos
en el absurdo debate secesionista en lugar de buscar la unidad de mercado, con
una burocracia a todas luces desmesurada, sin inversión pública, sin incentivos
a la inversión privada, con el aumento de los impuestos y con un sector
financiero en crisis y cerrado para las pymes? ¿Seguro que no se entiende la
fatiga del pequeño y mediano empresario?
Jesús María Terciado Valls, presidente de Cepyme.
Fuente: El Economista Digital